IMPUNIDAD

Por Lilia Cisneros Luján

Desde los primeros años del desarrollo de una persona, el castigo es una forma de enmendar los malos hábitos o las conductas distorsionadas. “El que se roba un huevo se robará un borrego” decían los abuelos al descubrir la sustracción de la moneda dejada sobre la mesa del comedor. “Juego de manos es de villanos”  era la forma sabia de explicar las consecuencias de la violencia entre niños. Para corregir las conductas antisociales, la ley prevé siempre una forma de sanción, si este elemento falta, la norma es considerada imperfecta. En México, de facto tenemos un sistema jurídico aceptable. Con todo y las complicaciones que resultan de una abundancia legal que en la práctica somete al ciudadano común a tortuosos sistemas burocráticos –porque la abundancia de la ley casi siempre orilla a su incumplimiento- en el pacto social se han establecido penas de hasta 70 años, a los homicidas, secuestradores o violadores –con la variables del caso en los ámbitos de competencia local acordes al sistema federal que nos rige- e igual hay determinación en cuanto a las sanciones que debe pagar, el que falta a sus compromisos civiles –pensiones alimenticias, reparaciones de daño- o mercantiles. ¿Por qué entonces el índice de ilícitos va al alza? ¿Cuál es el factor que ha potenciado el incumplimiento de obligaciones –por deudas adquiridas, contratos no cumplidos, servicios no pagados- y en general todo aquello que impone una responsabilidad? En la inercia destructiva que nos ha agobiado históricamente, primero se difundió la imagen del mexicano dormido bajo el sombrero, luego se nos endilgó la corrupción, que dicho sea de paso ni es general ni es exclusiva de nuestra sociedad, el mexicano se publicita hoy como delincuente merecedor de la pena de muerte. Pero a juicio de la gente sensata, la verdadera causa de lo que estamos padeciendo es una tremenda incapacidad de gobernar. ¿A quien culpar si todo el país se maneja por esquemas de excepción, en los cuales sea actúa tratando de aparentar un estado de derecho?

Cuando una gran parte de la población continúa perdiendo sus propiedades –adquiridas con préstamos bancarios, renegociadas en UDIS, después de un FOBAPROA pagado con los impuestos de los que si contribuyen- sin que se haya castigado a los verdaderos responsables, y la falta de empleo obliga a emigrar ¿puede la autoridad lanzar la primera piedra? ¿Qué ciudadano está en la posibilidad de asumir la supuesta protección de los cuerpos de seguridad, si permanecen impunes quienes asociados con los delincuentes, roban, secuestran, matan, violan? La semana pasada, algunos analistas pusieron el dedo en la llaga, al dar ejemplos de cómo ciertos funcionarios investigadores de asuntos penales, antes que recibir, y mucho menos iniciar una indagatoria, esgrimen uno y mil “argumentos” para derivar los asuntos a otras instancias “esto es incumplimiento de contrato por lo tanto debe iniciar un juicio civil” han dicho muchos ministerios públicos a denunciantes de defraudadores, “su asunto es político, no despojo”, concluyen otros para justificar el no ejercicio de la acción penal “¿seguro que no fue Usted quien provocó la violación”? es una reiterada actitud que inhibe las denuncias de mujeres o madres de niños afectados, por estos delitos. Y mientras la ley sigue sin aplicarse –empezando porque muchos empleados públicos e incluso trabajadores de empresas, cada quincena cobran su cheque, sin haber realizado el trabajo para el cual se les contrató- la sociedad se debate a merced de los vivales. La burocracia inútil –la califico porque no incluyo a los que sí trabajan casi siempre en los niveles en los cuales sus decisiones son coartadas por los arribistas y jefes coyunturales- permite a los deshonestos actuar sin cortapisas. Sus omisiones o complicidades, son las que han hecho prevalecer la trampa y la chapuza. Ofrecer y no cumplir se queda sin castigo, hablar como merolico, reviendo muertos en un intento de justificar lo injustificable, no merece siquiera una reprimenda. ¿Es democrática una verborrea que descalifica a los opositores y asume al orador como el único dueño de la verdad? ¿Quién se atreverá a iniciar un proceso que lleve a sancionar a los traidores a la patria? La patria no necesita más leyes, ni más aumento en las penas, requiere castigo ejemplar contra los hacedores de la propaganda triunfalista, verdadero insulto a un pueblo jodido, aunque con la suficiente lucidez para entender la carencia de aciertos y sospechar que se ha negociado la entrega total de la nación. Quizá la única duda persistente es conocer si estos efectos son resultado de una estupidez supina o una perversidad sin límites, que llega al extremo de utilizar las instituciones y el erario público, para realizar conteos encuestas o estadísticas, solo para justificar las tonterías discursivas, el saqueo a la nación y la impunidad a los autores de tales delitos de lesa humanidad. 

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